“Contratos de abusos de servicios” debería ser el nombre real de la modalidad de contratación que actualmente tienen los prestadores de servicio. ¿Sabían que las entidades públicas son las principales promotoras de esta inequidad laboral? Pues sí, los contratos por prestación de servicios son la manera más común de “vinculación profesional” que tienen entidades públicas o contratistas de estas mismas, generando inestabilidad laboral y otra serie de problemáticas corruptas como palancazos o nóminas paralelas.
En esta ocasión quiero exponer un poco de esta situación basado en experiencias personales. Siendo profesional en ingeniería ambiental, llevo cerca de 9 años desempeñándome como prestador de servicios, durante esa cantidad de tiempo no he sabido lo que es recibir sueldo los 12 meses del año, recibir aumento de remuneración o al menos continuar con la misma en un cambio de año, no conozco la emoción de recibir una prima o el alivio de acudir al retiro de las cesantías ante alguna necesidad puntual. Sin embargo, y siendo paradójicos, durante estos años sí se lo que es cumplir horarios, recibir órdenes bajo subordinación, tener “llamados de atención” y cumplir todas las obligaciones contractuales como si se tratara de un contrato formal. ¿Medio injusto, no?
Pues a algunos no les parecerá, es otra realidad que varios tienen uno, dos, tres o más contratos de prestación de servicios, manejan su tiempo y aumentan sus ingresos gracias a esta modalidad, pero existen diferencias marcadas entre una CPS real y el contrato de abuso de servicios que busca tener un profesional a su disposición sin una relación laboral formal. Es necesario que normativamente y operativamente se realicen reformas que permitan tener un control a este tipo de contratación, no se puede seguir normalizando y hasta romantizando el tener a un funcionario con todas las exigencias laborales pero bajo un modelo de vinculación que no le brinda garantías, que aumenta las posibilidades de crisis financieras, que impide tener en este caso otras fuentes de ingresos y que genera altos índices de inestabilidad laboral, impactando todo esto de manera negativa en la calidad de vida de las personas.
Este escrito no es un reclamo a las entidades con las que he laborado, sí lo es para quienes desde las políticas publicas tienen la facultad de seguir promoviendo o detener esta situación.
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